LA LEY QUE PROTEGE A LOS TRABAJADORES QUE INFORMAN DE IRREGULARIDADES.
El pasado 16 de febrero de 2023 se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que como su nombre indica, tiene como objetivo proteger a los denunciantes de actos de corrupción, así como a aquellos que denuncien cualquier otra infracción normativa.
En concreto, la ley protege a los trabajadores que denuncien situaciones de acoso laboral, discriminación, violaciones de derechos humanos, incumplimientos de normativas laborales y demás vulneraciones a los derechos del trabajador. Asimismo, se protege a aquellos que denuncien actos de corrupción, tales como la malversación de fondos públicos, el soborno y la prevaricación, entre otros.
Para obtener dicha protección, es necesario que la denuncia sea veraz y esté debidamente documentada. Además, se exige que el denunciante haya intentado previamente comunicar la infracción a través de los canales internos de la empresa o institución, y que no haya obtenido una respuesta satisfactoria.
La ley establece que los empleadores no podrán tomar represalias contra los trabajadores que hayan denunciado sobre los actos antes mencionados. En la categoria de represalia laboral se incluye, el despido, la suspensión del contrato de trabajo, la no renovación y la terminación anticipada., también medidas disciplinarias injustificadas, degradación, denegación de ascensos y cualquier modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
En caso de que el denunciante sufra alguna de estas represalias, la ley establece mecanismos de protección para garantizar su seguridad y su empleo. Se establece la nulidad de pleno derecho de cualquier tipo de despido y de cualquier represalia laboral de las antes citadas, ademas de la exención de responsabilidad por el acceso a la información de irregularidades, siempre que no sea no se haya obtenido con un acto considerado como delito. La norma sancionará con multas de hasta 1.000.000 de euros a los sujetos que realizen las mencionadas represalias contra los informantes.